Cartera Nacional

Costos y arbitraje entre el PMVP y el precio de mercado Rafael González

“Venceréis, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir, y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha.” Miguel de Unamuno

Los precios como sistema de información sobre los gustos y preferencias de los consumidores, así como revelador de las preferencias en la asignación de recursos y factores en la producción y la oferta de los bienes y servicios por parte de la sociedad, suele ser infalible, incluso en sociedades comunistas o en aquellas donde se imponen controles de precios (en el este último caso vía precios generalizados que incluyen los costos y la desutilidad por el desabastecimiento, las colas, la espera, los costos de búsqueda, etc.). En Venezuela a partir de la imposición y la proliferación de controles de precios sobre el sector alimento, se ha generado escasez, mercados negros, “contrabando de extracción”, etc., situación que constituye una irrefutable y terca evidencia que el buen funcionamiento de la economía no se decreta. El nivel de precios constituye un problema de interés público, única y exclusivamente cuando nos enfrentamos a un mercado monopólico natural. Por el contrario, como se ha mal interpretado por parte del Ejecutivo Nacional, cuando existe una brecha entre la demanda y la oferta, así como cuando existen restricciones en la oferta, en la capacidad productiva efectiva, saturación de la tecnología y de la curva de costos marginales; la fijación de precios no resolverá problema alguno de interés público referido a la eficiencia económica y al acceso a los bienes y servicios. Adicionalmente, si existe un problema grave de inflación, de pérdida del poder adquisitivo del salario y de la moneda, así como de desempleo, los controles de precios difícilmente coadyuvarán al acceso a los bienes y servicios. En un extremo, imagine que el regulador fija precios cerca de cero, sin embargo, los desempleos continuarán sin poder adquirir el bien, mientras que probablemente se destruyan los incentivos para mantener el nivel de oferta. En este sentido, los controles de precios lejos de coadyuvar a expandir la oferta, tienden a distorsionarla, empeorando la situación de bienestar social. Este tipo de política de control de precios suele formar parte de estrategias políticas populistas que requieren ser complementadas con políticas de racionamiento. En sectores como los de bienes durables donde podría existir cierta estimación de producción y oferta para un año determinado, la imposición de un precio regulado, por debajo del precio de mercado que vacía el mercado igualando la oferta con la demanda, lejos de expandir la demanda satisfecha, creará una brecha entre demanda y oferta creando déficit y desabastecimiento. En este sentido, se habrá lesionado el interés público, al destruirse eficiencia económica y crearse escasez y desabastecimiento. Dado que la situación socialmente hablando ha empeorado en términos de escasez y desabastecimiento, este tipo de políticas suele complementarse por medio del racionamiento, instrumentado a favor de un reducido grupo de interés, por lo general adeptos políticos o target electorales particulares. De hecho la red Mercal, “PUDREVAL” y las importaciones del Gobierno a precios internacionales superiores a los precios regulados del mercado interno, constituye una muestra de lo oneroso, ineficiente y destructivo que resultan los controles de precios y como se complementan a favor de cierto grupo de interés político-electoral por medio del racionamiento. En la medida que los controles generen escasez y déficit, mayores serán los incentivos para extraer rentas de escasez. Por más que el precio máximo de venta al público (PMVP) se estampe sobre los productos regulados, los mismos serán arbitrados en mercados informales y negros de difícil fiscalización. Los consumidores con elevada disponibilidad de pago pagarán los precios de arbitraje, privilegiándose de la adquisición de los bienes y servicios. El control de precios y la imposición de PMVP ni incrementará el acceso a bienes y servicios, ni aumentará el bienestar social; por el contrario, generará brechas y déficit, a la par que creará mercados negros e informales ineficientes –especialmente cuando la visión regulatoria asomada en la Ley de Costos y Precios Justos y por los funcionarios públicos, es de costos, especialmente en una economía inflacionaria como la venezolana-. Lo lamentable es que en términos sociales se habrá perdido bienestar, valor y riqueza. La inflación y el acceso a los bienes y servicios no son controlados ni tutelados por medio de controles de precios. Los controles de precios son utilizados para fines distintos. Mientras no atinemos en el diseño de políticas públicas seguiremos normando sobre los efectos y no sobre las causas.

Economista. Master in Industrial Organization and Markets. Master in Competition and Market Regulation. Especialización en Economía de los Sectores Telecomunicaciones, Energía, Farmacia, Transporte, Agua y Banca. Profesor universitario de las asignaturas Regulación Económica y Regulación de Competencia. enriquergp@yahoo.es