La debacle económica de Venezuela parece no tener fin: se profundiza a medida que los precios del petróleo van tocando fondo, entre desesperados intentos del presidente Nicolás Maduro por lograr en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) una estrategia que frene la caída en picada del crudo.
Las alarmas están al máximo. Con un modelo estatista y ultradependiente del crudo, el país con las mayores reservas petroleras del planeta sufre la peor crisis de los últimos 30 años, en un clima de creciente tensión política y hastío popular, que se agrava porque el Banco Central y el Gobierno no dan a conocer cifras completas del estado de la economía, o lo hacen con cuentagotas y de manera que despierta dudas.
Por ejemplo este jueves, el presidente Nicolás Maduro admitió que la economía se contrajo un 5 por ciento el año pasado, pero según la Cepal se contrajo 7,1.
Hace poco, Maduro también reveló que a septiembre del año pasado la inflación ya iba por el 108 por ciento, cuando todas las proyecciones internacionales apuntaban a más del 200 por ciento.
“La crisis es severa, los ingresos se desploman y el riesgo país se dispara. La caída del precio del petróleo es una catástrofe para el flujo de caja, pero hacer default podría ser suicida, y el gobierno lo sabe”, opinó el economista Luis Vicente León.
En un mercado colapsado por la sobreoferta y la débil demanda, la cotización del crudo cayó este mes a su nivel más bajo en 12 años, a menos de 30 dólares el barril, un golpe certero para una economía que obtiene 96 por ciento de sus divisas del petróleo y depende de las importaciones.
El economista Asdrúbal Oliveros, de la firma Ecoanalítica, estimó que con el barril a ese precio, el déficit de caja este año será de 27.000 millones de dólares. Con un bajo nivel de reservas internacionales (15.558 millones de dólares, 24,6 por ciento menos que un año atrás), la caída de un 70 por ciento de los ingresos acumuló deudas comerciales por unos 12.000 millones de dólares.
La inflación, de 141,5 por ciento anualizada a septiembre (oficial), y la escasez, que supera dos tercios de los productos básicos, asfixian a la población. Largas filas se forman en supermercados para comprar harina, arroz, café, aceite y otros alimentos subsidiados, de venta regulada.
Admitiendo una situación “catastrófica”, Maduro decretó una emergencia económica para encarar la crisis, pero fue rechazada hace una semana por el Congreso –dominado por la oposición tras 17 años de hegemonía chavista–, por atribuirla a un “modelo fracasado”.
‘Lobby’ petrolero
En la llamada “petrodiplomacia”, con los precios por las nubes durante gran parte de los 14 años que gobernó, Hugo Chávez desafió la hegemonía de Estados Unidos y puso a Venezuela en el centro de la geopolítica regional. Hoy, debilitado ese liderazgo, el gobierno desplegó hace más de un año un lobby entre productores, tanto miembros de la Opep como los que no lo son, para concertar una política frente al colapso del oro negro.
Maduro, quien propone la cita en febrero, enviará por esos países al ministro del Petróleo y presidente de la petrolera estatal PDVSA, Eulogio del Pino. Pero el cabildeo ha sido infructuoso.
La Opep, liderada por los países árabes del golfo, se rehúsa a recortar su producción, como parte de una estrategia para sacar del mercado a competidores fuertes como los productores de petróleo de esquisto estadounidenses, lo que Maduro considera una política “suicida”.
“Hay una guerra geopolítica contra el petróleo que (...) va a afectar gravemente, este año y el próximo, toda la economía mundial”, advirtió. Venezuela, que produce unos 2,65 millones de barriles por día, necesita, según la Opep, el crudo a 80 dólares para equilibrar su flujo de caja, lo que no está en el horizonte del 2016.
El economista Christopher Dembik, de Saxo Banque (París), estima que Venezuela no podrá evitar una “terapia de choque” y “tomar el camino de las reformas” para lograr su independencia económica.
El mandatario socialista espera salir del laberinto sin recurrir a medidas de corte neoliberal –de lo que acusa a la oposición–, pero se plantea un tema sensible para los venezolanos: aumentar el precio de la gasolina, la más barata del mundo (0,015 dólares por litro, a la tasa oficial más baja), gracias a un subsidio congelado desde 1998.
Oliveros opinó que “dados el entorno internacional y los desequilibrios internos, se tiene la oportunidad de oro” de eliminar el subsidio que ha costado al país unos 29.000 millones de dólares en los últimos tres años, e incentiva un contrabando multimillonario por las fronteras, especialmente hacia Colombia.
“Ha llegado la hora”, dijo el presidente hace dos semanas ante la Asamblea Nacional, al señalar que Venezuela debe dar el “salto” de la economía rentista a una productiva. Una intensa campaña mediática busca sensibilizar a la población con anuncios que explican la locura de vender una empanada a un valor muy inferior al costo de producción: “En Venezuela pasa algo similar con el precio de la gasolina: vale 35 veces menos de lo que cuesta producirla”, reza el eslogan. Llenar un tanque de gasolina de un automóvil cuesta apenas 60 centavos de dólar. Un conductor, en una estación de Caracas, ilustró el “disparate”: “Pago con un billete de 20 bolívares, cuatro por la gasolina y el resto de propina”.
Maduro niega primera ley de la Asamblea Nacional
Minutos después de aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el proyecto de ley de títulos de propiedad para la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el presidente Nicolás Maduro aseguró que no aprobará la mencionada ley. “No, no y no. Esa ley no va”. El proyecto propuesto por la mayoría opositora establece que los beneficiarios de la GMVV –receptores de una vivienda otorgada por el Estado– sean propietarios con todos los derechos y no meros ocupantes. También propone elaborar una lista detallada del número de viviendas entregadas, que, según el gobierno, asciende a un millón. La misión, insignia de los programas sociales del gobierno, no permite a los beneficiarios transar ni vender las viviendas. La sola propuesta de ley fue calificada por el gobierno de un intento de “llevar al capitalismo” el programa, transformando su “interés social” en uno “económico”.
La oposición, que también duda de que la ‘revolución bolivariana’ haya construido un millón de viviendas –según Maduro, solo en el 2015 fabricaron más de 300.000–, asegura que el gobierno busca mantener control sobre las familias beneficiadas.
Publicado en El Tiempo.
