En 17 años de chavismo, la corrupción, el desfalco y la satisfacción de intereses y mezquindades han traído las más nefastas consecuencias. Mientras los ciudadanos sufren por la escasez, la inseguridad y la falta de oportunidades, ciertos funcionarios han sumado a sus cuentas bancarias unas ganancias millonarias, o han perdido grandes cantidades de dinero por ineficiencia. Solo en seis casos documentados se desviaron o utilizaron de forma irregular poco más de 43.000 millones de dólares. Para hacerse una idea, este monto es 329 veces mayor que el que se usó para construir y equipar el Hospital Cardiológico Infantil Gilberto Rodríguez Ochoa, inaugurado en 2006.
Ahora, con la mayoría opositora en la Asamblea Nacional (AN), parece abrirse una puerta para investigar. Recientemente, la Comisión Permanente de Contraloría anunció que comenzará a indagar las presuntas irregularidades cometidas por Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), quien también está implicado en el caso de las cuentas de la Banca Privada d’Andorra. Freddy Guevara, presidente de la comisión, explica el procedimiento: primero solicitarán toda la información a instancias nacionales e internacionales, y después harán las interpelaciones. “La interpelación se puede hacer en cualquier momento, pero nosotros queremos tener todos los soportes primero”, dice. Agrega que luego se hará un informe que se presentará a la plenaria y que se podrá aprobar o no; incluso se podrá solicitar la remoción de algún funcionario.
Pero entre tantos casos, ¿cómo se establecen las prioridades? “Usamos un baremo de acuerdo con dos criterios: el daño patrimonial, es decir, la cantidad de dinero implicada, y el impacto en la población”, explica Guevara. Por eso, después de la investigación de Pdvsa, se centrarán en las irregularidades con las importaciones y, finalmente, en la crisis eléctrica: “Serán los tres casos de este primer semestre”. Hay muchísimos más.
La cantidad
Al menos 16.800 millones de dólares.
Los señalados
-Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, presentados como asesores del exministro de Economía y Finanzas, Nelson Merentes.
-Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa y exministro de Energía y Petróleo. En la actualidad es embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas y presidente del Consejo de Seguridad de la ONU durante el mes de febrero.
-Diego Salazar, primo de Ramírez.
-Baldó Sansó, cuñado y asesor de Ramírez.
-Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica.
-Javier Alvarado Ochoa, ex viceministro de Desarrollo Eléctrico.
-Omar Farías, empresario de negocios de salud y seguros; entre sus propiedades figura la empresa Seguros Constitución. Se menciona que es allegado al chavismo.
-Alcides Rondón, ex viceministro de Seguridad Ciudadana y, entre otras cosas, ex viceministro de Asuntos Exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía.
-Francisco Jiménez Villarroel, mencionado como extrabajador de Pdvsa y persona cercana a Rafael Ramírez.
-Rodolfo Marco Torres, actual ministro de Alimentación y expresidente del Banco del Tesoro, entre otros 14 cargos que ha ocupado desde 2002.
-Alejandro Andrade, extesorero nacional y, entre otras cosas, expresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social.
El caso
A principios de 2015, los medios de comunicación venezolanos y extranjeros se hicieron eco del escándalo. Una investigación del Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló que existía una red venezolana dedicada al lavado de dinero, con cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), la cuarta entidad financiera más grande de ese país.
La red funcionaba así: se crearon empresas que servían de fachada —conocidas por la institución estadounidense como Third Party Money Launderers— para depositar en el BPA dinero procedente de la corrupción pública. En los delitos estaban involucrados funcionarios venezolanos, agentes en Panamá y un abogado en Andorra —que ayudaba a establecer las empresas de maletín. El informe del Fincen señala que se utilizaban contratos falsos, préstamos con identificaciones inadecuadas, sobre y subfacturación, entre otros métodos. Si bien el documento no menciona nombres concretos, sí indica que Pdvsa formaba parte del negocio, y que en total el BPA facilitó el movimiento de 4.200 millones de dólares provenientes de este sistema de lavado de dinero. De ese total, entre 2011 y 2013, el banco recibió y envió 50 millones de dólares que se procesaban a través de Estados Unidos.
Los nombres de Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez se dieron a conocer a través de un reportaje desarrollado por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación. Según el documento, ambos asesores del ex ministro Nelson Merentes —que, por cierto, tienen antecedentes penales— recibieron pasaportes diplomáticos y usaron valijas diplomáticas para llevar dinero en efectivo a Andorra y depositarlo en el BPA. Una de las cuentas a las que Hernández transfirió grandes sumas estaba a nombre del exjefe de la División contra Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Norman Danilo Puerta, detenido en 2010 por blanquear dinero proveniente del narcotráfico. En total, las transacciones en efectivo de ambos asesores llegaron a 2,5 millones de dólares.
A eso se suman los movimientos que se registraron en el Banco Madrid, filial española del BPA. Una investigación publicada en El Mundo —titulada Jerarcas del chavismo investigados por blanqueo en el Banco Madrid— de España revela los nombres de algunos titulares de cuentas en esta entidad, todos vinculados con el Gobierno: Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa, Omar Farías —a quien el banco le bloqueó una transacción por 13 millones de euros, si bien el empresario se justificó al decir que los fondos provenían de negocios completamente lícitos—, Alcides Rondón y Francisco Jiménez Villarroel.
En octubre de 2015, el Wall Street Journal aseguró, en un texto titulado U.S. Investigates Venezuelan Oil Giant, que Estados Unidos y España le tenían el ojo puesto a Pdvsa, específicamente a Rafael Ramírez, su primo Diego Salazar y su cuñado Baldó Sansó. ¿La sospecha? El blanqueo, el cobro de comisiones y los sobornos.
Para salpimentar más al escándalo, el portal Armando.info publicó en febrero de 2015 el trabajo La Venezuela bolivariana confía su dinero a la banca suiza, en el que se señalaron otros millones perdidos. Después de que se conociera la Lista Falciani —que recibió ese nombre por Hervé Falciani, el ingeniero de sistemas que filtró datos de la banca suiza—, se descubrió que funcionarios venezolanos tenían cuentas en el HSBC de Suiza. Entre 2006 y 2007 el Gobierno depositó en esta entidad por lo menos 12.600 millones de dólares en dos cuentas: una a nombre de Rodolfo Marco Torres, y otra de la Oficina Nacional del Tesoro, a cargo en ese momento de Alejandro Andrade.
Ahora, como es de esperarse, esta es apenas una pequeña porción de todo lo que ya no está. Si bien no existen investigaciones exhaustivas, Roberto Enríquez, exdiputado y actual presidente de Copei, señaló el año pasado que se reunió con representantes del Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, quienes le dieron una información alarmante: hay 350.000 millones de dólares en cuentas extranjeras, con sospecha de orígenes ilícitos.
La cantidad
67,59 millones de dólares
Algunos responsables
-Mayor General Hebert García Plaza, quien fue viceministro de Servicios del Ministerio de la Defensa, ministro de Transporte Acuático y Aéreo, presidente de Bolivariana de Puertos, jefe del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, ministro de Alimentación, y director de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas.
-Antonio González, ex vicepresidente de Bolipuertos.
-Wilfredo Urbáez, quien fue inspector naval de Bolipuertos y gerente de seguridad del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos.
-Armando Larrazábal, inspector naval de Bolipuertos.
-Luis Pagua, inspector naval de Bolipuertos.
-Ronil Salazar, exjefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia.
-Luis Granados, exdirector general de Seguimiento y Control del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno.
El caso
En abril de 2013, Elsa Gutiérrez Graffe, entonces presidente de Bolipuertos, anunció la noticia: ya se había firmado la compra de tres embarcaciones, construidas en Grecia en 2012, para aumentar la flota de Conferry. Eran barcos con un año de garantía, que llegarían a Margarita directamente desde la ensambladora. Justo dos años después, en abril de 2015, dos de las tres embarcaciones estaban paralizadas. Sobre este caso, el Ministerio Público imputó a Antonio González por los delitos de peculado doloso, concierto con contratistas y evasión de licitaciones. Wilfredo Urbáez, Armando Larrazábal y Luis Pagua fueron aprehendidos —el último siguió el proceso en libertad, pues contaba en ese momento con 75 años de edad— por su participación en esas irregularidades, relacionadas con la adquisición de los tres ferrys: Virgen del Valle II, Virgen de Coromoto y San Francisco de Asís. En la lista de responsables figuró también Hebert García Plaza, quien se encuentra fuera del país.
¿Y qué pasó? En el camino, las cosas cambiaron. Las embarcaciones no se compraron a Grecia sino a España. El propio García Plaza señaló en una entrevista con Sebastiana Barráez, que se publicó en Quinto Día, que los primeros barcos no eran aptos para los mares venezolanos y que hubo que buscar otros proveedores. El presidente, Nicolás Maduro, dijo, autorizó la compra de los ferrys españoles, con el aval de Ronil Salazar y Luis Granados. “La negociación fue responsabilidad de la consultoría jurídica, a cargo de María Elena Centeno, pero nunca pasó por la comisión de contrataciones”, admitió el exfuncionario en la entrevista.
Para el exministro, los ferrys españoles estaban en buenas condiciones. Pero un trabajo de Últimas Noticias, publicado el 23 de abril de 2015 y titulado 13 funcionarios de Bolipuertos “maquillaron” informes para compra de ferrys, dio a conocer un informe de la Superintendencia del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción: los buques tenían más de 12 años de antigüedad. Incluso uno de ellos, el Virgen del Valle II, sufrió serios daños por un choque en 2001. La evaluación determinó que hubo sobreprecio en la adquisición: se gastaron 50,18 millones de euros. La Memoria y Cuenta del Ministerio de Transporte Acuático, correspondiente a 2013, señala que fueron 67,59 millones de dólares —un poco más del equivalente al cambio entre dólares y euros para 2013—. En todo caso, la cifra es millonaria y es ejemplo de esas irregularidades que terminan siendo extremadamente costosas para el país.
La cantidad
11,79 millones de dólares
Los responsables
-Félix Humberto Álvarez Estévez, paraguayo y gerente de la Agropecuaria Parake S.A.
-Sergio Ramón Caldera García, expresidente de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas, y exdirector encargado del Despacho del Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo.
El caso
Ya en 2010, la carne escaseaba por momentos en las neveras de los supermercados. Justamente a finales de ese año —y como parte de una serie de acuerdos comerciales que se firmaron con Paraguay en 2008— se estableció un contrato entre la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas y la empresa paraguaya Agropecuaria Parake S.A. ¿La finalidad? Importar 8.000 toneladas de carne de res a Venezuela, con un costo total de 39,94 millones de dólares. Pero lo que quizás era una medida momentánea para reducir el desabastecimiento, se tradujo en un desfalco millonario.
El asunto se supo en 2011, cuando el Juzgado 52º de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas ordenó la medida de privativa de libertad del paraguayo Félix Humberto Álvarez Estévez, por el aprovechamiento fraudulento de fondos públicos. Se tomó esa decisión después de comprobar que CASA hizo dos transferencias —una a finales de 2010 y otra en abril de 2011— con un total de 21,84 millones de dólares como anticipo por una carne que nunca llegó al país. El monto correspondía a 4.200 toneladas, pero después de varias exigencias y comunicaciones, la empresa sólo despachó 1.931 toneladas, que equivalen a 10,04 millones de dólares. Es decir, se perdieron 11,79 millones de dólares.
Álvarez se excusó al decir que hubo un problema con los ríos, por lo que las embarcaciones no pudieron llegar a tiempo a los puertos de Montevideo y Buenos Aires para salir a Venezuela, o que hubo un alza de los precios, de manera que los montos ofrecidos no eran competitivos. De todos modos, se le ordenó reclusión de 3 años en la Dirección de Inteligencia Militar, condena que terminó en 2014.
Una investigación publicada el 23 de septiembre de 2013 en El Mundo Economìa y Negocios, titulada Venezuela pagó por adelantado $11,8 millones por carne que no llegó, señaló que Agropecuaria Parake S.A. trabajaba en conjunto con Giroski Agro Group LLC, cuyo gerente era el venezolano Benjamín Rosales. En todo caso, no hubo ningún otro acusado, ni siquiera Sergio Ramón Caldera García, el presidente de CASA para ese momento. De hecho, la decisión judicial en la que se acusa a Álvarez Estévez señala que Carlos Osorio, quien sustituyó a Caldera en junio de 2011, encontró las irregularidades: su predecesor autorizó las transferencias de dinero sin solicitar fianzas ni garantías. Además, justo antes del primer desembolso de dinero, Caldera realizó una reconsideración del precio. En lugar de pagar 4.755 dólares por tonelada de carne, se ofrecerían 5.200 dólares por cada una. El documento oficial señala que la víctima era el Estado venezolano y que CASA fue sorprendida en su buena fue. Pero, ¿se trató de ingenuidad o de artimaña? El resultado, en todo caso, fue el mismo.
La cantidad
Aproximadamente 486 millones de dólares
Algunos responsables
-Francisco Illarramendi, exconsultor independiente de la filial de Pdvsa en Estados Unidos.
-Juan Montes, exgerente del Comité de Inversiones de Pdvsa
El caso
En enero de 2015, Francisco Illarramendi fue sentenciado a 13 años de cárcel en Estados Unidos. ¿La razón? Utilizó dinero de inversionistas en un esquema de negocio piramidal, denominado Ponzi, con el que generó pérdidas de más de 300 millones de dólares. En su plan —que consistía en usar dinero de otros inversionistas para tapar pérdidas de sus transacciones— llegó a utilizar más de 500 millones de dólares. De ese total, 90%, aproximadamente 486 millones de dólares, pertenecían a los fondos de pensiones de los trabajadores de Pdvsa.
Para acceder a ese dinero, Illarramendi pagó sobornos a funcionarios venezolanos. El documento de la demanda del síndico John Carney señala que Juan Montes recibió comisiones, de forma directa o indirecta, por un total de 31 millones de dólares, entre 2006 y 2010. A cambio, permitió el uso de los fondos de pensiones para que Illarramendi hiciera transacciones en el mercado permuta: usaba dólares de sus inversionistas para comprar bonos en bolívares que eran transferidos al fondo de pensiones de Pdvsa; de forma seguida, Pdvsa le devolvía a Illarramendi bonos en dólares al cambio oficial. En ocasiones, el acusado vendía esos bonos en el mercado abierto.
Resultado de los negocios Ponzi, dice un documento del FBI, Illarramendi obtuvo 20 millones de dólares como ganancias personales; con 5 millones de dólares se construyó una casa en New Canaan, un pueblo del estado de Connecticut. Mientras tanto, en 2011, los jubilados reclamaban que no habían recibido aumento en sus pensiones desde el año 2006. Un comunicado escrito por Luis Villasmil, del Grupo de Jubilados de Maracaibo, señala que sólo en 2010 se logró un incremento de 809 bolívares. Entre otras irregularidades, el fraude de Illarramendi hizo mella en las cuentas: del total de casi 500 millones de dólares provenientes de todos los fondos de pensiones, aseguró Villasmil, 381 millones pertenecían al de jubilados.
El responsable de la estafa también recibió ayuda de otros dos venezolanos: Juan Carlos Horna y Juan Carlos Guillén contribuyeron con el esquema Ponzi a través de la falsificación de documentos. Ambos fueron sentenciados en Estados Unidos a 14 meses de prisión. El ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, y el exministro de Finanzas, José Rojas, fueron vinculados con el fraude, pero en 2012 aseguraron que no tenían ninguna relación con el caso.
La cantidad
Aproximadamente 800 millones de dólares
Algunos señalados
-Integrantes de la directiva de Derwick Associates: entre otros, Leopoldo Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López.
-Rodolfo Sanz, alcalde del municipio Ambrosio Plaza, en el estado Miranda; exministro de Industrias Básicas, expresidente de la Corporación Venezolana de Guayana y exembajador de Venezuela en Ecuador.
-Javier Alvarado Ochoa, expresidente de la Electricidad de Caracas y ex viceministro de Desarrollo Eléctrico.
El caso
Entre octubre de 2009 y diciembre de 2010, la joven empresa Derwick Associates obtuvo 12 contratos para realizar obras eléctricas en Venezuela. De acuerdo con las amplias investigaciones del periodista César Batiz —publicadas primero en el diario Últimas Noticias y más recientemente en el portal Armando.info— estos trabajos fueron solicitados por la CVG, Corpoelec y Pdvsa, y en todos ellos la firma funcionó como intermediaria entre el Estado y la compañía estadounidense ProEnergy.
Batiz demostró que, mientras la empresa extranjera facturó 1,3 millardos de dólares, la venezolana cobró al Estado 2,25 millardos de dólares, lo que equivale a un sobreprecio de 809 millones de dólares. Además de la construcción de plantas eléctricas, las dos compañías vendieron 42 turbinas que, de acuerdo con el trabajo de Batiz publicado en 2015 —titulado Dos empresas jugaron con ventaja para aprovechar la emergencia eléctrica—, eran en su mayoría de segunda y tercera mano. Es decir, se pagó una gran suma por unos equipos que no eran nuevos y que, por eso, no tendrían una vida útil larga. De hecho, como señaló el periodista, sólo tres de cada 10 turbinas estaban en funcionamiento en 2015.
Ahora, el asunto es aún más complicado, pues se encontró que funcionarios venezolanos estaban envueltos en esta trama. Por ejemplo, escribió Batiz, Javier Alvarado Ochoa —quien es padre de un amigo cercano de los directivos de Derwick— invitó a esta empresa, sin licitación previa, a realizar una oferta en 2009 para el proyecto La Raisa, con el que se prometió generar 25% de la electricidad que se consume en Distrito Capital, Vargas y Miranda. Por cierto, Alvarado Ochoa también tiene relación con el caso de las cuentas millonarias del Banco Madrid, razón por la que el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en 2015.
Por su parte, Derwick también estuvo detrás de la instalación de dos plantas en Sidor en 2010, en el estado Bolívar, con la anuencia de Rodolfo Sanz. Si bien, como señala la investigación periodística, el proyecto se terminó en 2011, hasta 2015 nunca había funcionado por falta de gas.
Derwick se defendió en 2011, cuando salieron los primeros reportajes de Batiz, al decir que todo se trataba de una mala intención del periodista. Hace un par de años, Betancourt concedió una entrevista a la revista española Capital, en la que señalaba que los apagones en el país se debían a falta de mantenimiento de los equipos y al fenómeno de El Niño, y que las plantas termoeléctricas que Derwick había instalado en la región capital permitían la reactivación del servicio en un lapso mínimo de 30 a 50 minutos. Independientemente de la explicación, la crisis eléctrica no ha terminado en el país: lo demuestra, por ejemplo, la orden de horarios restringidos en los centros comerciales. Por supuesto, aunque también habría que mencionar a otras empresas como Duro Felguera —sobre la que se ciernen acusaciones de supuestos pagos de comisiones por la adjudicación de un contrato eléctrico millonario—, lo que sí se debe admitir es que el caso de Derwick da luces sobre unas inversiones llenas de irregularidades.
La cantidad
Entre 25.000 y 30.000 millones de dólares
Algunos responsables
-William Rojas, extrabajador de la Comisión de Administración de Divisas y excandidato para las elecciones de la Alcaldía de Peña, en Yaracuy
-William José Rojas, hijo del funcionario de Cadivi
-Teniente Coronel Francisco Navas Lugo, exgerente de Importaciones y Seguimiento de Cadivi
-José Daniel Stekman, primo de Navas Lugo
El caso
Es sumamente difícil hacer una lista completa de los responsables por la utilización fraudulenta de divisas preferenciales a través del control cambiario, implementado en 2003. Hay cifras variadas, todas millonarias. En 2013, por ejemplo, Jorge Giordani —exministro de Planificación y Finanzas, y hombre de confianza de Hugo Chávez— y Edmée Betancourt —expresidente del Banco Central de Venezuela— aseguraron que entre 25.000 y 30.000 millones de dólares se perdieron en negocios irregulares con moneda extranjera.
Una investigación de la organización chavista Marea Socialista señala un monto aún mayor: entre 1999 y 2013 hubo una fuga de 259.234 millones de dólares, por la asignación a empresas de maletín, fraudes en las importaciones y transacciones con bonos. Heiber Barreto, integrante de esta organización, dijo en una ponencia en 2015 que esa cifra equivalía al costo de 25 mundiales de fútbol, con los precios de referencia de Brasil de 2014. Y que, entre otras cosas, con eso se pudieron construir 6 millones de viviendas o 50 acerías completamente nuevas.
Entre 2014 y 2015, de acuerdo con la Memoria y Cuenta del Ministerio Público, fueron acusadas 1.642 personas naturales y 102 representantes de personas jurídicas, por el uso ilícito de divisas. Por ejemplo, en 2015 fue aprehendida Carolyn Díaz, representante legal de Real World C.A., que obtuvo 1,9 millones de dólares para importar insumos de salud. En el proceso se detectó que hubo sobrefacturación, por lo que el Ministerio Público ordenó el reintegro de todo el dinero y el pago de una multa de más de 42 millones de bolívares.
Sobre los culpables en el lado institucional ha habido más silencio. En 2013 fue apresado William Rojas, quien creó 30 empresas para obtener dólares a tasa preferencial, entre 2010 y 2013, de acuerdo con una investigación publicada el 31 de agosto de 2014 en el diario El Nacional, bajo el título de El ex candidato que fue juzgado por crear empresas de maletín. Rojas condenado a cinco años de prisión por obtención fraudulenta de divisas y asociación para delinquir, pero cumple la pena en libertad. Su hijo también estuvo involucrado en el caso. Ese mismo año fueron detenidos Navas Lugo y Stekman, quienes fueron acusados por cobrar comisiones a cambio de la asignación de divisas.
Pese a esas actuaciones aún quedan cabos sueltos. Por ejemplo, en 2013, Miguel Rodríguez Torres, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en ese momento, reconoció que 40% de las empresas que recibían divisas eran de maletín, y que había complicidad de funcionarios. Entonces, ¿qué ha pasado con esas investigaciones?
Publicado en El Estimulo: http://elestimulo.com/climax/los-desfalcos-multimillonarios-de-la-era-chavista-parte-i/
