The Economist.- A las 9:30 de la mañana de un jueves seis venezolanos esperan una visita guiada por el antiguo museo militar que ahora es el mausoleo de Hugo Chávez , el presidente populista de país de 1999 a 2013. Al otro lado de la vía alrededor de 120 personas están haciendo cola para la comida a precios controlados por el Gobierno en un supermercado estatal. La cola de la comida comienza a las 3 de la mañana. “A veces hay comida ya veces no hay”, dice una aspirante a comprador.
En este barrio de Caracas, una vez que una fortaleza de Chávez, su aura se desvanece en medio de la lucha por la supervivencia diaria. Atrás quedaron los días en que se utiliza un golpe de suerte masivo de petróleo triunfalmente para imponer su “revolución bolivariana”, una mezcolanza de los subsidios indiscriminados, los controles de precios y de cambio, los programas sociales, expropiaciones y robo a gran escala por parte de funcionarios. El colapso del precio del petróleo ha puesto de manifiesto la revolución como una estafa monumental.
El Gobierno ha admitido que en los 12 primeros meses del año 2015, la economía se contrajo un 7,1% y la inflación fue 141,5%. Incluso Nicolás Maduro, heredero desafortunado de Chávez y sucesor, llamó a estos números “catastróficos”. El FMI cree que lo peor está en el almacén: se calcula que la inflación aumentará a 720% este año y que la economía se contraerá un 8%, después de contraerse en un 10% en 2015. El Banco Central está imprimiendo dinero para cubrir gran parte de un déficit fiscal de alrededor del 20% del PIB.
El Gobierno se ha quedado sin reservas internacionales dólares y líquidos han caído a apenas $1,5 mil millones, piensa José Manuel Puente, economista del IESA, una escuela de negocios en Caracas. Aunque todos los países productores de petróleo están sufriendo. Venezuela es casi la única que ha hecho ninguna provisión para los precios más bajos.
Esto explica la miseria para todos menos un puñado de funcionarios privilegiados y parásitos. Los salarios reales cayeron en un 35% el año pasado, calcula Asdrúbal Oliveros, un consultor. De acuerdo con una encuesta realizada por un grupo de universidades, el 76% de los venezolanos ahora son pobres, en comparación con 55% en 1998.
Las farmacéuticas advierten de que los suministros de medicamentos se han reducido a un quinto de su nivel normal. Muchas de las pastillas no están disponibles; los pacientes mueren como resultado. Las colas en las tiendas de alimentos gubernamentales se hacen más largas cada semana. La escasez empeorará aún más en marzo, dice preocupado un gerente de la industria alimentaria. El crimen violento está fuera de control.
El creciente descontento trajo la victoria de la oposición en una elección para la Asamblea Nacional en diciembre. El estancamiento ha seguido. Chávez volvió a las instituciones del Estado, incluido el Tribunal Supremo y los apéndices autoridad en electorales de la presidencia. La corte, embalado por el nombramiento de dudosa legalidad de 13 nuevos jueces por la asamblea saliente, tiró cuatro legisladores, privando a la oposición de la mayoría de dos tercios necesaria para cambiar la constitución.
El señor Maduro no muestra signos de un cambio de rumbo. El mes pasado emitió un decreto de “emergencia económica”, rechazado por el nuevo conjunto, que principalmente ofrece más controles. Su Gobierno parece paralizado por la indecisión y las luchas internas.
Henry Ramos, el presidente de la Asamblea Nacional, ha dado al presidente un plazo de seis meses para resolver la crisis económica o su eliminación por medios constitucionales. Sobre el papel que incluyen un referendo revocatorio, una enmienda para acortar su período de seis años o de una asamblea constituyente, lo que podría reescribir la constitución. En la práctica, el tribunal amañado y la autoridad electoral chavista pueden bloquear o detener todo esto. Así que el primer paso, dice Ramos, es que un nuevo ensamblaje para reemplazar los 13 jueces. Eso, también, sería vetado por el tribunal.
El estancamiento es costoso: enfrentamientos violentos en las colas de los alimentos y el saqueo localizado son la orden del día . “Estamos a segundos de situaciones que el Gobierno no puede controlar. Es una línea muy fina”, dice Henrique Capriles, un líder de la oposición moderada que perdió por estrecho margen en la elección presidencial de 2013.
La mayor parte de la oposición y algunos chavistas creen una transición negociada es la única forma de evitar un descenso a un derramamiento de sangre. Los contornos de ese acuerdo son claros. El régimen concedería una amnistía para los presos políticos y de acuerdo con restablecer la independencia del Poder Judicial, la autoridad electoral y otras potencias. A cambio, la oposición apoyaría esenciales, pero sin duda, impopulares medidas para estabilizar la economía.
Ramos Allup dice que hay “algunas conversaciones”, pero sin diálogo formal. En la calle, el tiempo se acaba. Muchos en la oposición quieren la renuncia de Maduro como el precio para un acuerdo de este tipo, y ya sea una nueva elección o su sustitución por Aristóbulo Istúriz su nuevo y moderado vicepresidente. Pero ¿sería Maduro capaz de irse? Él parece estar paralizado por el pensamiento de que la renuncia sería una traición del legado de Chávez. De hecho, lo que queda del chavismo estaría mejor sin él.
