A lo calladito, sin mencionar la guerra económica ni recurrir a la reactivada emergencia económica, Nicolás Maduro le sirvió en bandeja de plata al estamento militar venezolano la gallinita de los huevos de oro del país.
Por Veneconomía
Mediante decreto presidencial N°2.231, publicado en la Gaceta Oficial ordinaria N°40.845 del 10 de febrero, Maduro creó una nueva empresa del Estado: la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg).
Esta empresa tiene como objeto social efectuar “todo lo relativo a las actividades licitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en general, sin que esto implique limitación alguna”.
En el largo etcétera del alcance de sus funciones, contenido en el bloque del artículo 3 del decreto presidencial, se describe casi copiado al carbón los que le corresponden a la estatal petrolera PDVSA. Entre otros, su empleo en “el área de rehabilitación y mantenimiento de pozos petroleros, reparación, mantenimiento y administración de taladros de perforación, fabricación, reparación y mantenimiento de las estaciones de flujo, bombeo, y plantas compresoras en áreas terrestres o marinas”; hasta “cualquier otra actividad mercantil lícita, relacionada con el objeto de la sociedad mercantil”.
El meollo de la creación de esta nueva estatal petrolera, no está en el secretismo con el que fue hecho, ni que con ella se busque, como en todo emprendimiento del Gobierno en estos 17 años, sentar las “bases materiales para la profundización del socialismo bolivariano”, ni que se duplique una estructura burocrática, para remendar la destrucción de la que otrora fuera una de las más importantes empresas petroleras estatales del mundo. Lo que causa alarma y suspicacia es que la Camimpeg quedó adscrita al Ministerio de la Defensa, y no al Ministerio de Petróleo y Minería, el cual es el ente natural para el manejo de los recursos petrolíferos, de minería y gas de la Nación.
Con este nuevo zarpazo “legal” se concreta la amenaza que hiciera Maduro durante la campaña electoral para las parlamentarias, de gobernar en una unión Cívico-Militar si el oficialismo perdía la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional, dado que según argumentó, en ese escenario “Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa”.
Tal como se viene desarrollando la estrategia de esa “nueva etapa” adelantada por Maduro, se tiene que para su Gobierno: 1) El Parlamento válido será el Parlamento Comunal, al cual ya le dieron, violando la Constitución, rango de Ley Orgánica vía la Habilitante, fenecida el 31 de diciembre de 2015. 2) El tren Ejecutivo no rendirá cuentas al Parlamento Nacional. 3) El Tribunal Supremo de Justicia denegará cualquier decisión legislativa o leyes promulgadas por la mayoría parlamentaria de la Unidad Democrática. 4) El estamento militar usufructuará y manejará los recursos económicos del Estado, con el Ministro de la Defensa como una suerte de Presidente en paralelo.
Se rumora que una de las razones de la creación de esta paralela es que el estado de PDVSA por la ineficiencia, la negligencia y la corrupción, es tan calamitoso que no tiene vuelta atrás. Pero, ponerla en manos de los militares no augura mejores resultados a la nueva estatal. Una petrolera en manos de militares es casi como poner a zamuro a cuidar carne. Una premisa que se sustenta en los precedentes nefastos de corrupción y malversación de recursos que han acompañado la gestión de los militares en casi la totalidad de las empresas del Estado que han tenido a su mando, desde que comenzaron a desviar su razón de ser cuando Hugo Chávez puso en 1999 a la Fuerza Armada Nacional a manejar el Plan Bolívar 2000 por donde se malversaron más de $150 millones.
Algunos analistas afirman que con esta treta el Gobierno también se estaría cubriendo las espaldas ante eventuales acciones contra bienes y activos de PDVSA en el exterior por entes internacionales. Y es que son múltiples los juicios que se le siguen a la petrolera venezolana, bien por demandas de empresas internacionales expoliadas en revolución o bien por casos de corrupción. ¿o estará previendo las secuelas de un eventual default?
