FRANZ VON BERGEN
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3 DE AGOSTO 2014 - 12:01 AM
La Contraloría General de la República halló irregularidades en la vigilancia de los recursos otorgados a consejos comunales en 92,8% de las inspecciones que hizo a estas instancias del poder popular entre 2009 y 2013. A raíz de esa situación, año tras año recomendó la aplicación de instrumentos que regulen este tipo de asignaciones.
Sin embargo, lejos de alistar mecanismos para satisfacer el requerimiento, el presidente Nicolás Maduro sugirió la semana pasada que estudiarán formas de otorgar divisas a las comunas de manera directa. Todavía no se ha explicado cuándo ni cómo se efectuaría la entrega de recursos en moneda extranjera, pero el mandatario opinó que debería ser a través del Centro Nacional de Comercio Exterior o el Sistema Complementario de Divisas, Sicad I.
Expertos en el área económica y la ONG Transparencia Venezuela alertan que esto generaría una nueva posibilidad de corrupción y de enriquecimiento ilícito para particulares.
“Se abre la puerta a un manejo todavía más discrecional de los recursos y se reducen los sistemas formales de control. El tema de las asignaciones ya es de por sí secreto. Si ahora se agrega este otro sistema, la situación será peor”, afirma Mercedes De Freitas, directora de la ONG.
El economista Ronald Balza agrega que si no se construyen mecanismos eficaces de control, las divisas entregadas podrían terminar alimentando al mercado paralelo. “Todo control genera corrupción y eso pasa con el control de cambio. Lo que debe hacerse es tratar de cerrar la brecha entre el precio oficial y el paralelo”, expresa.
Entre los años mencionados, los informes anuales de la Contraloría indican que inspeccionaron 14 consejos comunales. En 10 de ellas se evaluaron proyectos de vivienda, mientras que en 3 estudiaron reparaciones de servicios públicos y en una abordaron proyectos socioproductivos.
Solo en cuatro casos se informa que el consejo comunal logró cumplir los objetivos para los cuales le asignaron recursos. En tres de esos la Contraloría hace la salvedad de que hubo problemas para verificar la total transparencia en el uso de las asignaciones y añade que no se puede garantizar que las demandas de los ciudadanos fueron satisfechas porque no hubo inspección de expertos durante la ejecución de la obra.
Recomendaciones. En 2011 se hizo la única inspección sobre proyectos socioproductivos. Fue en el consejo comunal de la comunidad del sector Santa Bárbara, en el municipio Bolívar, Anzoátegui. Se buscaba levantar una dulcería y una granja avícola, pero ninguna de las dos se logró.
El informe refiere que, cuando Contraloría revisó la obra in situ, las instalaciones de la granja estaban en “total abandono”. En consecuencia, recomendó al Sefonac, Servicio Autónomo Fondo Nacional de Consejos Comunales, que entregó los recursos para los planes, que efectúe “supervisión” de los proyectos en ejecución con el fin de garantizar el beneficio para la comunidad.
El objetivo final de la entrega de divisas a las comunas es que cuenten con recursos para importar insumos necesarios para llevar a cabo programas socioproductivos que pudieran tener efecto en la economía del país.
En el informe de 2009 se registra el mayor número de fiscalizaciones de la Contraloría en consejos comunales. Hubo seis: en todas encontraron fallas en la administración de las asignaciones otorgadas y en ninguna se completaron los objetivos. Eso activó el primer llamado de atención al Sefonacc para que evitara los sobreprecios en contrataciones de obras y compra de insumos para realizarlas.
Discriminación. Balza considera que la entrega directa de divisas a las comunas se convertiría en una nueva muestra de “discriminación” debido a que hay otros sectores de la economía mucho más necesitados de moneda extranjera.
“No se debe decidir dependiendo de si se es socialista o no. Las organizaciones socioproductivas que forman parte de las comunas deben evaluarse con los criterios de cualquier empresa y pensando en qué puede fortalecer la producción y las exportaciones. La administración discrecional de divisas es un error, pero si la hay deberían al menos aplicarse mecanismos justos”, dice el economista.
“Deberían establecerse requisitos y normas claras. Habría que definir quién en las comunas recibirá los recursos, si es una personalidad jurídica pública o privada y a quién debe rendirle cuentas”, recomienda De Freitas.
14 inspecciones realizó la Contraloría en consejos comunales entre 2009 y 2013. En solo uno comprobó un buen manejo de recursos.
Publicado el 3 de Agosto en www.el-nacional.com
