La confiscación de bienes a contrabandistas no está señalada en la ley ni permitida en la Constitución.
MARU MORALES
MMORALESP@EL-NACIONAL.COM
26 DE AGOSTO 2014 - 12:01 AM
Sociólogos, abogados constitucionalistas y penalistas coinciden en que la inminente aplicación de captahuellas para la compra de alimentos viola la Constitución y pudiera sumarse a la lista de mecanismos de control social que caracterizan al gobierno desde hace 15 años.
“La medida no ataca las causas estructurales del desabastecimiento y como estamos ante un gobierno que aplica mecanismos de persecución y control social con tintes políticos, la preocupación es que esta idea venga por esa línea”, indicó Rafael Uzcátegui, directivo de Provea.
“Dados los antecedentes, se podría esperar que sean especialmente estrictos con unos y laxos con otros sectores o grupos empresariales. A principios de año, por ejemplo, amenazaban con cortes de servicios a los sectores que manifestaban. Ese tipo de retaliaciones contra grupos que disienten es un temor latente”, agregó.
Señaló que la captahuellas podría usarse para monitorear patrones de consumo. “En un gobierno como este que es tan intolerante con la disidencia, esto pudiera servir para hacer seguimiento a hábitos y costumbres de grupos de personas”.
Sin soberanía. El constitucionalista José Ignacio Hernández afirmó que la captahuellas es contraria a la carta magna porque el sistema económico venezolano parte del principio de soberanía del consumidor: “Es decir, son los ciudadanos y no el Estado los que deciden qué bienes adquirirán. Con el sistema biométrico el Estado será el que decida, y eso es inconstitucional”, aseveró.
Al ser el Estado el que fije los precios, las marcas y cantidades disponibles para cada persona o comercio, el mecanismo también atenta contra el modelo de economía productiva, diversificada y de libre competencia, explicó.
El penalista Jesús Ollarves apuntó que las amenazas de confiscar bienes a los contrabandistas constituyen una restricción ilegitima al derecho a la propiedad privada. “Es la aplicación de un derecho penal simbólico para atemorizar al comerciante y distraer a la ciudadanía de lo que significa la captahuellas. Diferente sería intervenir propiedades mientras se demuestra la inocencia o culpabilidad. Pero decirle a la gente que le van arrebatar su propiedad porque suponen que cometió un delito, viola sus derechos”, alertó.
Todos sospechosos
La misma lógica aplicada para reducir el cupo de divisas para viajes y compras por Internet se trasladó a la compra de comida: como se presume que un grupo de personas comete ilícitos, la totalidad de los usuarios deberán pagar con restricciones a sus derechos. Esta manera de ver al ciudadano vulnera el principio de presunción de inocencia.
“La medida presume que todos los consumidores llevamos a cabo conductas ilícitas (acaparamiento, reventa, etc), y la solución es limitar el consumo para evitarlas. El gobierno no puede imponer una medida suponiendo que los consumidores van a cometer un ilícito. El sistema biométrico nos convierte a todos en sospechosos y eso viola la presunción de inocencia y el principio general de buena fe”, dijo el constitucionalista José Ignacio Hernández.
El Dato
José Gregorio Vielma Mora y Darío Vivas propusieron confiscar los bienes de los contrabandistas. Para eso sería necesario reformar la Constitución, advirtió Jesús Ollarves. El penalista señaló que el artículo 116 solo permite la medida, previa sentencia firme, en tres casos: delitos contra el patrimonio público, enriquecimiento ilícito y narcotráfico. La Ley sobre el Delito de Contrabando aprobada en 2010 establece cárcel, multas y comiso de mercancía, mas no confiscación de bienes.
Publicado el 26 de Agosto en www.el-nacional.com
