El bien fue expropiado en abril de 2012, pero los propietarios aún no han recibido la indemnización del gobierno.
ANA DÍAZ
ANADIAZ@EL-NACIONAL.COM
7 DE AGOSTO 2014 - 12:01 AM
La vaguada de 1999 en el litoral central derribó las dos casas que ocupaban el terreno ubicado en Tanaguarena, estado Vargas, por lo que el bien fue alquilado a Jhonny Ochoa, dueño de varios camiones, para que lo utilizara como estacionamiento. “Con esa renta pagábamos el alquiler del apartamento que todavía ocupamos en Caracas”, dijo Luis Quirós, afectado por las expropiaciones del gobierno.
“Una semana antes de la expropiación recibimos con alegría la intención de Ochoa de adquirir la parcela porque íbamos a comprar la vivienda propia con la venta del terreno”, recordó Quirós.
El plan se derrumbó porque fue expropiado en abril de 2012, antes de que saliera la publicación en la Gaceta Oficial 39896 del decreto 9050 del 15 de junio del mismo año, que determina justiprecios de los inmuebles en los casos de expropiaciones con fines de habitabilidad.
El terreno es propiedad de su esposa Nahir Sosa, el cual le quedó luego de la separación de bienes por el divorcio de su matrimonio anterior. “Dado que no se podía construir se optó por alquilarlo hasta que vino la oferta de compra por 1,4 millones de bolívares”, contó Quirós.
Para ese momento, la cantidad representaba un capital que les permitía adquirir un apartamento ya negociado en Caracas en 800.000 bolívares. Con el remanente se harían las remodelaciones y el equipamiento para acoger a la familia integrada por él, su esposa y tres hijos.
“La oportunidad fue bruscamente truncada con la expropiación y todavía no hemos recibido la indemnización del Estado, cuyo monto no nos alcanza ni para la inicial de una vivienda propia que ahora cuesta más de 6 millones de bolívares. Mientras tanto, tuvimos que quedarnos en el apartamento alquilado, su dueño nos pide desalojarlo, pero no podemos hacerlo porque no tenemos a dónde ir”, dijo Quirós.
Agregó que se encuentra en una total indefensión dentro de un enredo jurídico porque le desconocen su derecho constitucional a la propiedad y a la compensación económica.
Prueba de resistencia. Las autoridades no contactaron ni notificaron a Nahir Sosa sobre el desalojo del terreno, se presentaron en el lugar y comunicaron al arrendatario que debía desocupar porque allí se construirían viviendas para el pueblo en cumplimiento de la orden del presidente Hugo Chávez Frías de expropiar terrenos ociosos.
“El señor Ochoa me llamó y fui a la Procuraduría de Vargas para informarme, pero ellos me refirieron a la sede del organismo en Caracas, Cilia Flores era entonces la procuradora, y allí me dijeron que debía ir a la Oficina de Proyectos y Planes Especiales de la Presidencia de la República”, señaló Quirós.
En la oficina presidencial le informaron que el terreno estaba bajo un proceso de expropiación (su caso es el OPPE 28) que buscara la Gaceta con el decreto y llevara los documentos de propiedad y lo llamarían para firmar el acta de acuerdo amigable. El 24 de septiembre de 2012 fue convocado con otros 29 propietarios en un acto con Francisco Sesto, ministro para la Transformación de la Gran Caracas y presidente de la OPPE.
“Nos dijeron que nos iban a pagar y que no nos preocupáramos, sin embargo no hemos tenido ninguna información”, expresó Quirós. Añadió que ha continuado su insistencia en la OPPE, ha acudido a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, además de afrontar cambios en el avalúo dentro de esta prueba de resistencia con las autoridades.
Quirós considera injustas e irreales las acusaciones de los voceros gubernamentales de que las expropiaciones se le hicieron a gente con dinero. “Es mentira que todos los expropiados somos personas ricas. No poseo bienes de fortuna y con 40 años de edad trabajo como representante-vendedor de licores, y mi esposa es costurera.
Casas en riesgo.
En el terreno de Tanaguarena el gobierno construyó un conjunto de varias casas que adjudicó a familias de escasos recursos, lo cual es positivo. “Sin embargo, las viviendas fueron edificadas en un terreno inestable, calificado así por las autoridades en urbanismo luego de la vaguada”, informó Luis Quirós.
“Sé por la gente que vive en la zona que las casas se están resquebrajando, presentan grietas profundas en las paredes, lo que coloca a esas familias en situación de riesgo”.
Publicado el 07 de Agosto en www.el-nacional.com
