La Fiscalía no ha informado sobre el inicio de averiguaciones contra los militares activos y retirados que condujeron el principal órgano del control cambiario. Un teniente coronel ha sido el único procesado.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN de El Nacional.
4 DE AGOSTO 2014 - 12:01 AM
El teniente coronel del Ejército Francisco Navas Lugo fue el gerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de la eliminada Comisión de Administración de Divisas, Cadivi. Fue imputado por la Fiscalía General de la República en julio de 2013 por ser el supuesto coautor en la comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir y cómplice en la obtención fraudulenta de divisas. Una nota de prensa de la institución indicaba que había sido denunciado por el cobro de dinero a cambio de sus oficios para agilizar la asignación de moneda extranjera. Ya se cumplió un año de ese momento: desde entonces ningún otro de los militares que manejaron el principal organismo del control cambiario ha sido investigado o imputado, según información divulgada por el Ministerio Público.
Oficiales activos y retirados ocuparon posiciones en áreas clave de la comisión, especialmente después de 2006 cuando el entonces mayor Manuel Barroso fue designado presidente de la instancia, en la cual estuvo seis años: más tiempo que ningún otro de sus predecesores y sucesores. Junto con él hacían mayoría en el directorio de Cadivi –que tenía la potestad de aprobar las divisas de los solicitantes, de acuerdo con los reglamentos internos– el ahora general de brigada Félix Osorio, también presidente de Mercal, y el teniente coronel retirado William Fariñas, hoy diputado y que dirigió el Fondo Único Social a principios de la década, cuando el organismo fue denunciado por el presunto mal manejo de recursos millonarios, incluidos parte de los que fueron destinados para atender la tragedia de Vargas de 1999.
La corrupción asociada a los sistemas de control cambiario establecidos desde hace una 10 años provocó las pérdidas de por lo menos entre 25 millardos y 30 millardos de dólares, según voceros oficiales, quienes han dicho que la mayor parte del dinero terminó en manos de propietarios de empresas falsas o de compañías que usaron los recursos para obtener ganancias cambiarias.
La primera en admitirlo fue Edmée Betancourt en mayo de 2013 cuando todavía era presidente del Banco Central de Venezuela. La página web de la Fiscalía contiene un total de 49 notas de prensa que fueron divulgadas después de esa fecha relacionadas con las averiguaciones sobre Cadivi: solo se menciona a Navas Lugo –quien luego fue acusado– como único funcionario militar de la comisión sometido a la justicia.
“Toda persona que haya tenido algún tipo de participación en esa repartición irresponsable de divisas tiene que ser investigada sea quién sea”, dice el diputado Rodolfo Rodríguez de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. “Luego de que el ex ministro Jorge Giordani habló de las pérdidas en la comisión acordamos pedir información al BCV, Seniat y Cadivi sobre las empresas para una averiguación independiente, pero aún estamos esperando”.
Luisa Ortega Díaz, fiscal general, declaró el jueves pasado que había más de 1.492 personas investigadas, 237 imputados, 49 acusados y 34 condenados por el caso, pero no aclaró cuántos de ellos eran oficiales de la FAN que trabajaron en la desaparecida instancia. La consulta presentada el mismo día al Departamento de Prensa tampoco permitió despejar la duda, que no se aclaró en el más reciente informe anual del despacho. Solo un civil que trabajó en Cadivi, William Rojas Graterol, ha sido el único condenado después de que admitió su vinculación con la constitución de empresas fantasma, como se informó en los despachos de Fiscalía.
Uniformados. A las órdenes de Barroso estuvieron compañeros de promoción como los tenientes coroneles Eduardo Escalante Pérez –llegó a ser vicepresidente de Administración y Control de Cadivi–; Víctor Flores Correa –también alcanzó la misma posición– o Nelson Darío Montaña –que estuvo en la Gerencia de Verificación Aduanal–. Más allá del caso de Navas Lugo, el Ministerio Público solo ha informado de averiguaciones a otro militar: el coronel del Ejército José Martínez Orsetti, imputado por la presunta comisión de los delitos de extorsión y asociación para delinquir aunque no se aclaró con quiénes habría actuado. La información difundida por la Fiscalía en julio de 2013 dice que el oficial se presentó como un emisario con contactos en la comisión cambiaria y ofreció cobrar una tasa para garantizar la aprobación de dólares solicitados por el Central Azucarero Portuguesa, una compañía privada. El modus operandi ha sido descrito por empresarios entrevistados que han relacionado a otros oficiales.
La atención de la opinión pública se ha centrado principalmente en las averiguaciones a los empresarios que pudieron obtener divisas de manera fraudulenta o aprovecharlas para fines distintos para los que se la concedieron. Ortega Díaz informó en su declaración del jueves que 782 compañías están en investigación. Nicolás Maduro, presidente de la República, dijo hace 2 semanas que había más de 3.000 sobre las que se puso la lupa y el Centro Nacional de Comercio Exterior divulgó hace dos semanas una lista de cerca de un millar que tienen que justificar cómo usaron el dinero. Pocos recuerdan, sin embargo, la otra cara de la moneda: las fallas de quienes entregaron los recursos. La Contraloría General de la República advirtió en un informe de 2007 un conjunto de inconsistencias y vacíos en los procedimientos aplicados por Cadivi, entre otros, para la entrega y verificación de los usos de las divisas.
El diputado Elías Matta, por ejemplo, pidió que se indagara sobre el caso de las empresas Alimentos y Fármacos Venenceres revelado en una investigación de El Nacional hace una semana. Ambas fueron creadas por el teniente coronel retirado Carlos Arias Delgado, compañero de promoción de Barroso y Osorio, entre mediados y finales de 2010. La comisión les aprobó 23,5 millones de dólares en 2012 y a la primera de ellas Mercal le dio contratos para la venta de atún ecuatoriano. A la segunda se asoció después Escalante Pérez: “La Fiscalía debería hacer un trabajo serio sobre esas compañías y sus vínculos”. Ortega Díaz señaló que no informará sobre las empresas investigadas y Adelina González, contralora interina, ha pedido paciencia a los ciudadanos porque las averiguaciones son un “asunto complejo”.
Una obligación mensual.
Comisión Presidencial para la Verificación de la Conformidad del Otorgamiento de Divisas del Estado y su Correcto Uso. Ese el nombre del equipo de trabajo de alto nivel que fue constituido en diciembre pasado por un decreto del presidente Nicolás Maduro. La instancia se instaló en enero y hasta la fecha se desconoce el contenido de los informes mensuales que, de acuerdo con el texto de su creación, debe remitir a la Presidencia. Entre sus miembros se encuentran Luisa Ortega Díaz, fiscal general, Jesús Faría y Ricardo Sanguino, diputados del PSUV, y Gustavo Hernández, representante del Banco Central de Venezuela. El quinto no pasa inadvertido: el general en jefe Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional y máxima autoridad operativa de la FAN. Su inclusión implica un mensaje político para muchos. “La única forma de investigar qué pasó con las divisas es con un pie en la aduana y verificar si las importaciones llegaron. Los militares tienen presencia en puertos y aduanas y es lógico que se incluya al general”, dice Elías Matta, diputado de la oposición.
Publicado el 04 de Agosto en www.el-nacional.com
