Expertos señalan que si el gobierno hubiera adecuado la Unidad Tributaria durante los últimos años a la tasa de inflación, no se habría visto obligado a aumentar el monto de ingresos para pagar el ISLR.
La falta de planificación del gobierno llega a la gestión tributaria. Mes y medio antes de finalizar la declaración y pago del Impuesto sobre la Renta (ISLR), el Ejecutivo decidió exonerar a un mayor número de contribuyentes, sin tomar en cuenta que un grupo importante de venezolanos ya pudo haber cumplido con su obligación.
Además, analistas y expertos tributarios señalan que ante los altos niveles inflacionarios y la negativa de ajustar la Unidad Tributaria (UT), obligaron al gobierno a emitir la medida por segunda vez de manera consecutiva.
El presidente Nicolás Maduro decidió exceptuar del pago del ISLR a las personas naturales con ingresos anuales inferiores a las 6.000 unidades tributarias (equivalentes a Bs 1.062.000 con el valor de Bs 177 de la UT) durante el año 2016.
Ya sobre el ejercicio fiscal de 2016 aplicaba una exoneración de 3.000 UT conforme lo previsto en el Decreto 2.266 de marzo de 2016.
En la presentación de su mensaje anual, esta vez ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maduro afirmó que la medida busca proteger a “los trabajadores profesionales del país”. Pero surge la pregunta de si se busca ¿defenderlos del Fisco, de la inflación?
Durante el pasado año, el gobierno ejecutó varios aumentos del salario mínimo que produjo un alza del resto de la escala salarial, esto hizo que un mayor número de trabajadores pasaran a ser contribuyentes del ISLR.
Pare el experto en derecho financiero, Daniel Betancourt, del bufete Palacios, Torres y Korodis, si el Estado renuncia a la recaudación para proteger otros fines constitucionales, como la protección del salario, es loable. No obstante, destaca que esta protección debería transferirse desde unas finanzas públicas ordenadas que permitan que no exista inflación y que aumente la calidad de vida
“La exoneración del ISLR parece ser una medida más paliativa que responde a unos altos índices inflacionarios”, destaca.
Betancourt explica además otra consideración sobre este tema relacionado con el ajuste de la UT. Indicó que si se llevara un seguimiento correcto año a año de la inflación para el aumento de la unidad tributaria, no se tendría la necesidad de establecer una exoneración y más, cuando ya corre el plazo para la declaración del ISLR que finaliza el próximo 31 de marzo.
“El deber ser de la unidad tributaria es que sea ajustada cada año de acuerdo con la tasa de inflación, por ejemplo en estos tres años se actualizó en 18% en promedio por año. A través de una exoneración, la realidad es que el sistema tributario es desarmónico y produce graves injusticias de personas que sin capacidad económica real suficiente para contribuir con el Fisco, termina siendo gravada por las rentas”, explicó el abogado.
Sostiene que la finalidad de la norma era la de proteger también los ingresos de la Tesorería con ese mínimo vital de las 1.000 UT (como se encontraba anteriormente), pero que no se consigue ya que no se actualiza la tasa de la UT como debe ser.
A juicio del experto tributario, Camilo London, esta exoneración del ISLR no beneficia a los trabajadores y solo compensa en parte el perjuicio por el desfase de la UT.
“Un incremento de 100% en exoneración de ISLR con una inflación de 400% es una reducción neta del supuesto beneficio, eso es lo injusto”, dijo el editor de Gerencia & Tributos.
Mientras que otro tema que no se menciona, es que las personas naturales o el consumidor final son quienes realmente tienen la carga tributaria en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Carga adicional para contribuyentes especiales -
El presidente también decidió reformar parcialmente el reglamento del ISLR para que las empresas con patrimonio igual o superior a 11 millones de UT, equivalente a Bs 2.000 millones, paguen el 1% de su patrimonio en impuestos. Esta medida va dirigida a los llamados contribuyentes especiales.
Aunque aún no ha salido publicado esta medida en Gaceta Oficial, ya el Seniat estableció el pasado 16 de enero, una obligación para las empresas por vía de providencia de hacer una declaración informativa de patrimonio durante los próximos 90 días. Con esta norma se busca medir la carga tributaria que deben cancelar con esta reforma al ISLR.
Los sujetos pasivos especiales, es un categoría que se determina por sus altos ingresos a los cuales se establecen unas obligaciones extras y están bajo vigilancia continua de la autoridad tributaria.
“Queda por ver la forma como se instrumentará esta medida que nos recuerda al Impuesto a los Activos Empresariales que estuvo en vigencia en el país hasta el año 2004″, señaló Camilo London.
Los impuestos nacionales como el ISLR y el IVA (Impuesto al Valor Agregado) no son muy altos en comparación a los demás países de la región, pero existe una serie de contribuciones parafiscales que deben cancelar las empresas y los bancos, que hace que la presión tributaria aumente.
“Esto se agrava por un proceso inflacionario el cual termina siendo una forma de traer los ingresos de las empresas, porque los activos en efectivo terminan bajando su valor relativo. En otras palabras, el Estado toma unas medidas para financiar el gasto público y terminan generando más inflación en la mayoría de los casos. Tienes así un tributo escondido como lo es la inflación“, indicó Daniel Betancourt.
Publicado en: El Estimulo
