Debieron resolver la crisis, pero en Carabobo los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) no llegan sino a poco más del 1% de la población. Los anuncios del presidente Nicolás Maduro no se cumplen, y sus decretos no son respetados, ni siquiera porque la Guardia Nacional vigile los establecimientos donde venden comida. El hambre no para.
Por Dayrí Blanco
Son las 8:00 a.m. María Corniel no está pendiente de la hora. Trata de no verla para evitar asociar lo que marca su reloj con el estómago. Tiene hambre y no le hace caso, ella solo camina el kilómetro que la separa de su casa en el sector La Antena, al sur de Valencia, de un supermercado de la zona. La noche anterior no cenó para que sus cinco nietos sí lo hicieran y estaba desde las 2:00 a.m. sentada en la avenida Las Ferias administrando, lo mejor posible, el termo de agua que tenía en su mano derecha. Con la izquierda sostenía su cabeza en un intento fallido por descansar. Es miércoles, el día que le corresponde comprar alimentos básicos de acuerdo a su número de cédula. Como cada semana sigue haciendo cola. Eso no ha cambiado pese a las promesas oficiales. Los Comités Locales de Abastecimiento y producción (CLAP) no han solucionado la precariedad alimenticia en su familia, ni en la de sus vecinos.
Las cifras oficiales indican que durante 2016 se distribuyeron en Carabobo 164 toneladas de comida a cinco mil familias, lo que significa que apenas 1,1% de la población en la región (25 mil de dos millones 245 mil 744 habitantes) recibió al menos una bolsa de comida de este plan del Gobierno, al promediar cinco personas por cada grupo familiar.
Media hora tardó en llegar María a su comunidad esa mañana. Lo hizo con las manos vacías. Una vez más no tuvo suerte. Había pasta, harina, arroz y azúcar en el supermercado. Todo lo que necesita en su cocina y que no es abastecido por los CLAP, que solo han tocado a su puerta en tres oportunidades con bolsas deficitarias para su necesidad.
Ese día eran pocos los que estaban delante de ella. Pero se multiplicaron por 10, incluso por 20, minutos antes que se subieran las santamarías. “Le cuidan el puesto a los bachaqueros”. En ese momento, sin ver la hora, supo que no tendría tiempo de entrar y comprar. Antes de salirse de la cola se le acercó un hombre. Tenía un bolso negro guindado en el pecho del que sacó unos tickets. “Si me das mil 500 bolívares te doy un número y entras”, le dijo. Ella prefirió no responder y emprendió su camino de vuelta.
Ella tenía 10 mil bolívares en sus bolsillos. No podía pagar para tener la oportunidad de comprar. Antes de entrar a su casa se encontró con unos vecinos en la esquina. Les contó su experiencia y mientras el resto también relataba lo que ha tenido que hacer en los últimos meses para comer, a ella se le veía preocupada. Pensaba en la manera cómo resolvería el almuerzo. Ya del desayuno se había olvidado. “Los niños no tienen clases hoy -era día no laborable decretado por el ejecutivo- seguro se despertarán tarde y me ahorro una comida”.
Hizo cálculos y optó por medio kilo de caraotas que en un mercado popular del sector lo venden en cuatro mil 500 bolívares, y un kilo de arroz por el que tendría que pagar tres mil 500. “¿Y mañana qué harás?”, preguntó una vecina -Tendré que ir a casa de uno de mis hijos para que me dé algo para los nietos-, todos en el lugar bajaron la cabeza. Podían suponer lo que sentía María, a todos les ha tocado padecer las consecuencias de la caída de 15% en la producción de alimentos en el país entre 2014 y 2016, un recorte de 56% en la asignación de dólares para la importación de materias primas y comida en ese mismo periodo, y una escasez calculada en 85% en la mayoría de los rubros alimenticios.
EXCLUSIÓN
Puerta a puerta. Así pasaron cerca de las 10:00 a.m. de un martes de diciembre los integrantes del CLAP de Ricardo Urriera. Eran cinco personas: una del Frente Francisco de Miranda, de la Unión Nacional de Mujeres (Unamujer), otro de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), una del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del consejo comunal de la zona. “Mañana llegan las bolsas, cuestan tres mil 500 bolívares y deben entregar el dinero antes de las 2:00 p.m.”
Era una orden. Al tocar una puerta y no obtener respuesta, sus residentes eran sacados de la lista. Lo mismo hacían si alguien no entregaba el efectivo dentro del plazo establecido. “Nos ponen a parir el dinero”, reclamó Gabriel García. Él esa vez se quedó sin la bolsa que tenía un kilo de arroz, uno de azúcar, otro de pasta y un litro de aceite. Estaba trabajando, sus cuatro hijos, todos menores de 10 años en la escuela, y su esposa en el taller de costura en el que labora. “Llegué en la noche y me enteré, llevé el efectivo y no me lo aceptaron porque la bolsa que nos correspondía ya había sido asignada a otro sector”.
No tienen otra opción. Aunque el 12 de marzo de 2016, cuando el presidente Nicolás Maduro anunció la conformación de los CLAP en el país lo hizo con el argumento de que sería una estructura que acabaría con las colas para comprar comida, en el sur de Valencia, donde habita la población más desasistida de la ciudad, la realidad no ha cambiado.
El 8 de enero el mandatario prometió una vez más. En esa oportunidad dijo que se crearía un sistema de tiendas para los CLAP con el aporte de los centros de comercialización estatales Mercal y Abastos Bicentenario, que representan una contradicción a la premisa de entregar la comida directamente en los hogares para evitar la reventa y las colas. Nada de eso se ha cumplido.
Georgina Barrios debe dormir la noche de cada jueves en la acera de la calle principal de La Antena, en las puertas de un supermercado. A ella le corresponde comprar los viernes de acuerdo al terminal de su cédula de identidad. La mayoría de las veces dejar su cama no es garantía de nada. “Por lo general no logro comprar nada”. Sus vecinos la han visto llorar cuando eso pasa. “Me lleno de impotencia cuando me falta una cuadra para entrar y dicen que se acabó todo”. Ella es quien debe tratar de conseguir la comida para los siete niños y ocho adultos que viven en casa. Una tarea cada vez más compleja.
LA COMPETENCIA
Hay fracasos que se miden con evidencias. En Valencia sobran las que dan señales que apuntan a los CLAP. Marcela se ríe al escuchar que alguien le pregunta si a su casa, en Los Caobos, han despachado al menos en una oportunidad una de esas bolsas de comida. Es una joven de 14 años y le cuesta recordar cuando acompañaba a su mamá a hacer las compras sin colas, sin controles, sin escasez. “Las únicas bolsas de comida que logramos tener las pagamos en 30 mil bolívares”.
Ella no exageraba. No se trataba de una historia de una muchacha de su edad. Ahí estaba. Aprovechando el tiempo libre que les dio el decreto del día no laborable junto a su madre. esta vez bajo sol y en una larga fila desde las 8:00 a.m. para poder comprar un combo, de los mismos que prohibió el Gobierno a finales de diciembre. Pero es una resolución a la que muchos no hacen caso, como los uniformados de la Guardia del Pueblo que custodian ese tipo de ventas en varios establecimientos de la avenida Las Ferias en Valencia.
Tres kilos de harina de maíz, tres de arroz, dos de azúcar, uno de harina de trigo, una lata de sardina, una de atún, una mayonesa de 900 gramos y medio kilo de margarina es lo que le ofrecían a Marcela, a su mamá y al resto de quienes estaban en el sitio. Mónica Peralta no pudo ser de ellos. Vive en Las Parcelas II y se acercó al lugar al ver la cola, pero siguió su camino al conocer el precio. “Yo gano sueldo mínimo y tengo que comprar comida para mis dos hijos y para mí. A mí eso no me sirve. Tampoco los CLAP que nunca han ido a mi casa”, dijo y se fue apurada, sin saber la hora, a ella como a María Corniel no le importa el reloj. Para comer ya no hay horarios, tampoco alimentos ni planes gubernamentales.
Publicado en: El Carabobeño
